QUE OCURRE EN VENEZUELA EN EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Diferencias entre la lucha anticorrupción que encabeza Venezuela y la de EEUU

El Estado moderno y el capitalismo son esencialmente corruptos, por eso desde que ambos coexisten en América Latina, existe la corrupción. Desde el manejo que hiciera Santander de los recursos de Colombia para dejar sin dinero a las tropas del Libertador, la corrupción tiene un doble objetivo: el lucro personal y el uso político.
La novedad del siglo XX fue el uso continuado de una supuesta "lucha anticorrupción" muy selectiva, dirigida desde los Estados Unidos para derrocar gobiernos que atenten contra sus intereses hegemónicos en el mundo pero, sobre todo, en lo que ese país considera su "patio trasero".
El uso parcial, discriminado y muy selectivo de la lucha anticorrupción tiene ese objetivo. Por ejemplo, la llamada Operación Lava Jato en Brasil logró el objetivo de destituir a Dilma Rousseff de la presidencia, sin que la implicación en los hechos de corrupción y negligencia administrativa de los que finalmente se le acusó haya sido jamás probada. Esto lo admiten incluso medios de comunicación como la BBC de Londres.
Ahora se procura la detención del candidato favorito para las próximas elecciones presidenciales, Lula Da Silva. Por el contrario, las denuncias de corrupción contra Michel Temer, que poseen más sustento legal, fueron desestimadas y éste continúa aún ejerciendo de tan ilícito modo la presidencia del Brasil, marcando un retroceso en todos los avances políticos que habían significado los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores.
Sucede lo mismo con el caso en torno a la constructora Odebrecht, ventilado y debidamente filtrado desde el Departamento de Justicia de los EEUU. Este caso ha sido usado principalmente para atacar gobiernos progresistas o personajes que, luego de salir del gobierno, resultan "incómodos" para los intereses estadounidenses como ha sucedido en Perú, Panamá y Guatemala.
Usado también para desacreditar la imagen del gobierno de los Kirchner en Argentina, hoy es la herramienta usada para que el presidente de Ecuador, una vez traicionado el voto que lo eligiera para continuar la "revolución ciudadana", inicie un proceso de privatizaciones y allane su camino mandando a la cárcel al vicepresidente, quien fuera su fórmula presidencial pero que fue el primero en levantar la voz contra las intenciones de privatizar empresas del Estado ecuatoriano y advertir en general la traición de Lenín Moreno a lo hecho por Rafael Correa.
Por el contrario se ha tendido un velo sobre los Panamá Papers, en los que aparecen involucrados presidentes y líderes de países aliados de los EEUU como Argentina, Chile y Arabia Saudita. Aunque la implicación de Macri, por ejemplo, no ha sido negada ni siquiera por su abogado defensor, quien se ha limitado a defender la legitimidad de las empresas offshore.
Muy diferente es la lucha anticorrupción en Venezuela, donde casos como el de "Coco" Sosa o el ex presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo, Orlando Chacín, demuestran que no hay intocables.

Para EEUU, la tan mencionada "lucha contra la corrupción" es una pugna contra el Estado-nación

La batalla contra la corrupción que da el Gobierno Bolivariano es dirigida desde el propio Estado y tiene un enfoque muy diferente. En primer lugar, porque ha sido el propio presidente Nicolás Maduro quien se ha colocado al frente. En reiteradas ocasiones exigió a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz que sancionara delitos contra la corrupción que estaban afectando la estabilidad nacional. Sin embargo, Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer, por el contrario, prefirieron colocarse en la punta de la pirámide y extorsionar a quienes podrían ser condenados por ese delito, confiando en el viejo adagio que da absolución al "ladrón que roba a ladrón" y, al verse descubiertos, huyeron del país y se sumaron a la campaña internacional contra Venezuela.
A diferencia de ella, Tarek William Saab, personificando al Estado venezolano en su conjunto, encabeza ahora una batalla contra la corrupción que ha concretado la detención de, por lo menos 65 altos ejecutivos de la industria petrolera, entre los cuales está Orlando Chacín, quien fuera también vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA. Le fueron imputados los delitos de "asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio y concierto de funcionario con contratista" y "peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro".
Las detenciones de Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, los últimos máximos responsables en la presidencia de la estatal petrolera y en el Ministerio de Petróleo, ocurre luego de hallazgos sólidos que los involucran en una trama de corrupción e intervención con propósitos de paralización de los procesos operativos de PDVSA. Esto se ha traducido en la colocación de la principal industria nacional en un marco de suma vulnerabilidad.
Tanto Del Pino como Martínez se alternaron en distintas épocas los cargos de ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, y el primero fue la mano derecha de Rafael Ramírez, titular de la petrolera durante una década y uno de los más prominentes líderes del chavismo.
Ramírez, a quien la oposición acusa de ser el principal responsable de la corrupción y del deterioro de la industria petrolera, está en el centro de la polémica por versiones  confirmadas por él mismo de que Maduro lo destituyó como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.

El caso de Citgo tiene doble relevancia: no solo se intentó colocar a la filial en manos de capitales buitre. Se señala a los responsables por vender información clave a EEUU propiciando un asalto sobre los activos venezolanos. Eran "caballos de Troya". Y al parecer esto apenas comienza.
De esta manera y en el marco de la más importante purga y lucha anticorrupción conocida en Venezuela, el pulseo por los activos venezolanos se libra desde los frentes interno y externo en simultáneo. Se trata de una actuación quirúrgica sin precedentes para proteger el corazón de la economía venezolana, el punto medular más sensible, que ahora es atacado dentro y fuera del país mediante acciones de sabotaje interno y asedio financiero y legal desde el extranjero. Pero no hay que perder la visión de contexto. Estas son batallas en la lucha para detener el efecto de las acciones de rapiña contra los recursos venezolanos.
Lo que vino a constatar dos cosas: primero, que se asume una lucha contra la corrupción que incluye los cuadros gerenciales de mayor confianza del propio gobierno, y segundo, que la corrupción ha sido una herramienta creada y utilizada por intereses transnacionales para sabotear la economía nacional y destrozar la infraestructura de la principal empresa de Venezuela.
Sospechosa resulta la reacción de medios como Reuters, que en lugar de celebrar estas detenciones, pretende empañar este importante golpe a la corrupción denunciando un supuesto enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público que no existe.
En pleno siglo XXI, cuando los medios corporativos de información controlan cada vez más la opinión pública, y en medio de una guerra multidimensional que genera matrices de opinión y de pensamiento con fines políticos que beneficien a la élite occidental, los estudios de las principales agencias internacionales y ONGs que emiten cifras y elaboran rankings de corrupción se basan en "estudios de percepción" y no en cifras reales de, por ejemplo, el número de denuncias públicas o formales, imputaciones y capturas, lo cual sin duda sería más científico, pero podría dejar al descubierto las verdaderas cifras, y eso sin duda dejaría mal parados a los EEUU y sus aliados en la región.
Lo que deja cada vez más claro que el modelo estadounidense de la tan mencionada "lucha contra la corrupción" no es más que una pugna contra el Estado-nación para eliminar los controles y hacer del robo y la expoliación de los recursos de los países latinoamericanos un acto lícito, con discursos que pretenden justificar la necesidad de reducir la figura estatal y dejarlo todo en manos del monopolio corporativo.
Para Venezuela, en cambio, la lucha contra la corrupción es una batalla vital para garantizar la fortaleza del Estado, mantener y reorganizar empresas esenciales para el país (como PDVSA) y el sistema de administración de divisas en un contexto económico donde no son tan abundantes como en años anteriores. Todas acciones que rebasan lo meramente económico, plantándose como un objetivo de seguridad y defensa nacionales.