EL BARCELONAZO UNA TRISTE PAGINA DE NUESTRA HISTORIA CONTEMPORANEA

En 1961 estalló el Barcelonazo: Una insurrección cívico-militar contra los abusos del Gobierno adeco

Los sobrevivientes fueron sometidos a vejámenes y torturas, todos los participantes fueron juzgados por Tribunales Militares, incluyendo a los civiles

El Barcelonazo fue una insurrección militar que se llevó cabo en el Cuartel Pedro María Freites de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, el 26 junio de 1961, hace 57 años hoy. Este acontecimiento se desencadenó como consecuencia de las persecuciones, allanamientos y detenciones que efectuaron, conjuntamente, la Dirección General de Policía, Digepol, y las bandas armadas de Acción Democrática contra miembros de la Cámara Agrícola de Venezuela.
Ante estos hechos los dirigentes de la Cámara Agrícola decidieron actuar por la vía armada, y para ello planificaron junto a un grupo de militares, un alzamiento en la ciudad de Barcelona, el cual debería luego extenderse a otras localidades de Venezuela con el fin de provocar un gran movimiento cívico-militar que derrocara el Gobierno de Rómulo Betancourt.
En la madrugada del 26 de junio, un grupo de militares alzados, dirigidos por el mayor (r) Luís Alberto Vivas Ramírez, el Capitán (r) Rubén Massó Perdomo y Tesalio Murillo, tomaron el cuartel Freites de Barcelona y el Batallón de Fusileros Mariño.
Efectivamente, tomaron el control de la ciudad y detuvieron a las autoridades, entre ellas al gobernador Rafael Solórzano Bruce y al Secretario de Política ( Secretario General de Gobierno), Carlos Canache Mata, quienes fueron conducidos al Cuartel “Pedro María Freites”.
La respuesta de otros componentes militares no se realizó y fue notable la falla de dos connotados oficiales: el comandante aviador Martín Parada, quien debía tomar un escuadrón volante para dar “el santo y seña” a varias guarniciones comprometidas, y el también comandante de la Guardia Nacional, Oscar Tamayo Suárez, a quien presuntamente habían prometido un bien armado batallón de esa fuerza en Maturín con excedente de equipo para dotar a otro contingente. Sin embargo, debido a la falta del apoyo ofrecido por los otros componentes militares comprometidos en la sublevación, los militares fieles al gobierno de Betancourt retomaron el control rápidamente, y a las 10 de la mañana el movimiento estaba derrotado. Como consecuencia de esto, los militares contrarios a Betancourt se rindieron y fueron detenidos sus líderes principales.
De acuerdo a informaciones que luego circularon, el control del cuartel “Freites” fue retomado por los adecos allí detenidos con la colaboración de un cocinero de apellido Piña y de un subteniente de apellido Carrasquel, quien ordenó a la tropa abrir fuego contra los rebeldes, resultando muertos: Celestino Zapata, Ángel Custodio Martínez, Alfonso Martínez Irazábal, Decio Olivo, Fernando Ingrassia, José Sosa, Narciso Rivas Mata, Andrés Rodríguez, Miguel Clavier Mata, José Álvarez, Marcos Sosa Serritiello, Leonardo Chacín, Abelardo Yesbi, José Reyes, Rosendo Rada Antonini, Andrés Rodríguez Olivo, Gabriel Jiménez, Antonio Páez, Pedro Trías, Marcos Urbina y Adolfo Dibo.

Al analizar los hechos del Barcelonazo, hay que sacar a colación que la Constitución de 1961, publicada en Gaceta Oficial 662 Extraordinario el 23 de enero de ese mismo año establecía, en su Capítulo III (Derechos Individuales): Artículo 58: El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El artículo 60, referido a libertad y seguridad personales, constaba de diez numerales. Y el artículo 69 señalaba que nadie podía ser juzgado sino por sus jueces naturales ni condenado a sufrir pena que no estuviere establecida por ley preexistente.
Pero del grupo que tomó parte en el movimiento insurreccional, veintiuno fueron asesinados en el patio del cuartel “Pedro María Freites” de Barcelona, los sobrevivientes fueron víctimas de vejámenes y torturas y todos, incluyendo civiles, sometidos a jurisdicción de Tribunales Militares.

Ninguno de ellos tuvo la opción de recibir beneficio de casa por prisión, todos fueron encarcelados en diferentes prisiones del país, incluyendo la Isla de Tacarigua, bautizada por los presos políticos como Campo de Concentración “Rafael Caldera”. Y sería un buen ejercicio para estudiantes de comunicación social y para muchos “periodistas” revisar hemerotecas y libros para que constaten tanto si los acontecimientos tuvieron lugar como el tratamiento que los medios dieron al caso y, no menos importante, si hubo participación de algún organismo nacional o extranjero en defensa de los derechos humanos violados. Por allí deben existir las fotografías del estado en que fueron dejados los cuerpos de los asesinados y también las de oficiales trasladados esposados a sus sitios de reclusión.
Este fue uno de los capítulos más atroces de la historia de los derechos humanos durante el gobierno de Betancourt, porque la represión que ejecutaron sus tropas dejó 50 heridos y 30 muertos, entre los cuales se cuentan 22 insurgentes fusilados.

Canache Mata (y allá lo demostró palpablemente) escribía en su agobiante prosa acerca de una “batalla campal” entre civiles a la postre muertos y soldados sin un rasguño, pero nunca pudo explicar ese misterio y lo máximo que le parió el cerebro fue que los soldados disparaban desde las ventanas de sus cuadras y protegidos por cascos. Como para matar de envidia a los libretistas de la serie “Combate”, que luego se haría famosa en la televisión y según la cual los soldados gringos eran valientes genios guerreros y los alemanes unos cobardes y pobres tarados que nunca daban pie con bola.

A Tribunales Militares fueron los capitanes Rubén Massó Perdomo, Tesalio Murillo Fierro, José Gabriel Marín y Enrique José Olaizola; el mayor Luis Alberto Vivas Ramírez y los civiles José V. Trías, Rafael Roa, Rafael Vera, Manuel Martínez, Rafael Torrealba, Juan de Dios Reyes, Danilo Méndez, Rafael Estanga, Rachid Vahlis, Carlos Parra, Rafael Pérez, Oscar Parés, Pedro Bello, Julio Boada, Carlos Quijada, Alejandro Trías y José Rafael Soto.
Durante el juicio se pudo saber que los autores materiales de los asesinatos habían sido los subtenientes Ramón Devaloy Carrasquel y Luis Branchi Rodríguez y el Sargento Técnico de Segunda Luis José Moya, quienes al parecer impartieron órdenes a los soldados de disparar contra los civiles y luego se escondieron en sus habitaciones. También se dijo que los tres efectivos militares se habían comprometido con los rebeldes para luego “saltar la talanquera”.
Concluyendo podemos decir que en Barcelona, el 26 de junio de 1961, se alzaron en armas civiles y militares, quienes tomaron el control de la ciudad y un cuartel. Desde una emisora de radio leen comunicados explicando las razones de su acción y llaman al pueblo y a los militares a solidarizarse. En la operación de retoma son asesinados más de veinte ciudadanos a balazos y bayonetazos y el resto, heridos e ilesos, sometidos a maltratos y juicio militar. No había garantías constitucionales pues el gobierno las mantenía suspendidas desde el día posterior a la aprobación de la Constitución, cuyo texto nunca fue conocido por el colectivo antes de su promulgación. Ninguno de los presos tiene oportunidad de gozar de beneficios de casa por cárcel. Quienes optaron por insurgir contra el gobierno asumieron sus posiciones --equivocadas o no-- y las responsabilidades de ellas derivadas.
Esa era una “democracia”, a la cual nos pretenden volver los autores de esos crímenes y muchas de sus entonces víctimas, inexplicablemente hoy sus socios y cómplices.