Vendedores rechazan la forma en que realizan la intervención dentro y fuera del mercado municipal de Puerto La Cruz / Foto: Frenny López
Luego de prohibirles instalar sus puestos de trabajo en las calles Venezuela, Dividive y otras cercanas al mercado municipal de Puerto La Cruz, por la intervención que realizó la madrugada de este martes la Alcaldía de Sotillo, en compañía de otras autoridades, los comerciantes informales regresarán a apostarse en la vía pública.
Según el presidente de la Asociación Civil Bolivariana de Vendedores de Alimentos y Mercancía Seca (Acbovanse), Leopoldo Simosa, tras mostrar sus inquietudes, la dirección de Seguridad Ciudadana del municipio les propuso que se censaran con los representantes del ayuntamiento, para, a partir de este jueves, comparar el nuevo censo con el del gremio a fin de iniciar la organización en las arterias viales.
“La intervención fue para el mercado, como dijo el presidente Nicolás Maduro, no para nosotros que hacemos vida afuera y vendemos más barato. Somos unos microempresarios porque pagamos impuestos municipales, no buhoneros. Pido respeto para las dos mil 500 familias que forman parte de la asociación”, enfatizó Simosa.
La encargada del Gabinete Social en el municipio, Deira Villarroel, informó que en compañía de los Círculos de Lucha Popular (CLP), Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y otros colaboradores sociales registraron el primer día de intervención a 800 comerciantes de las calles Esperanza, Venezuela, Dividive y Paseo Miranda.
“Queremos saber cuántos vendedores hay por las calles a fin de darles formalidad. Hacemos un estudio socioeconómico y caracterización para que el mercado deje de ser una anarquía”.
Para la comerciante informal Zeuxislhi Luva el operativo fue sólo una “pantalla”, pues aseguró que los vendedores de los alrededores han sido los únicos afectados, al igual que los compradores.
“El pueblo está sufriendo porque ni una sardina pueden comprar adentro porque está más cara. Mientras a nosotros se nos pierden los alimentos. No es posible que llegue una aparecida a quitarnos los puestos que tenemos desde hace 30 y 40 años”, expresó.
Derechos
Luis Villarroel, directivo de la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal (Asotram), en compañía de algunos adjudicatarios, informó que el plan no cuenta con la presencia de fiscales del Ministerio Público (MP), concejales, representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, que sean garantes de que no se violen sus derechos.
Explicó que esperan que la alcaldesa firme el acuerdo al que llegaron durante la reunión que realizaron el martes.
“Se acordó que la intervención sería por tres meses y que no violarían los derechos de los trabajadores; así como que también tendríamos la oportunidad de elegir quiénes serían las personas que iban a estar al frente de la administración, pues el Presidente mandó a intervenir a los mercados, más no a la administración. La alcaldesa se llevó la carta para firmarla, aún esperamos”.
Villarroel indicó que mientras tanto, la mañana de este miércoles, la mayoría de los vendedores de maíz trillado fueron obligados por la Policía del Municipio Sotillo (Polisotillo) a vender en Bs 50 mil el kilo, cuando antes lo ofrecían en Bs 300 mil.
“Llegaron de manera arbitraría. ¿Quiénes son ellos para colocar el precio? ¿Dónde están las autoridades de la Sundde? Nos dijeron también que no se iba a atacar la entrada de mercancía al mercado y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no deja de entrar a los camioneros. Vamos a quedar desabastecidos”.
Indicó que por este tipo de práctica, los negocios cierran por temor y por falta de rubros.
La vendedora Doris Pinto rechazó que la mandataria local haya presentado a tres policías y parte de las autoridades de la alcaldía, como su equipo de trabajo en la intervención.
“Ella no puede traer a su gente. Asotram tiene una directiva que fue electa por medio del voto. La alcaldesa no tiene facultad. Aquí somos trabajadores, no manda la policía”.
Relató que en su puesto de trabajo también ordenaron vender el kilogramo de cebolla en Bs 100 mil, cuando en la puerta de camión la adquiere al mayor en Bs 300 mil.
Pérdida
El mayorista Jesús Figuera, quien trae mercancía de Barquisimeto, explicó que este martes sacaron sus camiones de la calle Dividive y los cuerpos de seguridad, que se encuentran instalados en los alrededores del recinto, no los dejan vender.
“Me ha tocado botar 13 sacos de zanahorias que se me han dañado. He perdido más de 400 millones de bolívares”.
Rubén García señaló que ni al frente de su residencia puede ofrecer los kilos de pepino, tomate, calabacín, entre otras hortalizas, que expende al mayor.
El presidente de Asotram dejó claro que no tratan de buscar una confrontación, sino un diálogo para buscar soluciones.
Mesa de trabajo
Mediante una nota de prensa, se informó que la mañana de este miércoles se celebró en las instalaciones de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Anzoátegui, la primera mesa de trabajo para el abordaje integral del mercado municipal de Puerto La Cruz, donde participaron instituciones como la Sundde y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), además de Polisotillo, entre otros
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