El contralor general de la República, Elvis Amoroso, solicitó la inhabilitación política para cualquier cargo y durante 15 años del presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó.
Esta medida está apoyada en el artículo 105 de la Contraloría que faculta imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos.
Amoroso fundamenta su solicitud en el hecho de que el diputado Guaidó realizó 91 viajes al exterior, los cuales no puede justificar con su sueldo de funcionario público.
“Ha realizado 91 viajes al exterior sin autorización de la AN por un monto de 570 millones de bolívares que no puede justificar con su salario de servidor público”, afirmó el contralor en rueda de prensa.
Asimismo, indicó que el parlamentario “ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público”. Con estas acciones ha creado un gran daño a la paz social del país y a la estabilidad democrática.
De acuerdo con la Constitución Bolivariana, los funcionarios públicos no pueden recibir ayuda de gobiernos extranjeros. “El 11 de febrero la Contraloría ordenó dar inicio a la auditoría patrimonial al diputado en desacato Juan Guaidó por ocultar información en su declaración y recibir fondos no declarados desde el exterior”.
Durante una revisión de sus ingresos se descubrieron “inconsistencias” y “gastos exagerados y excesivos en su modo de vida que no corresponden con su nivel de vida, se ha alojado en hoteles de lujo dentro y fuera del país”.
Amoroso aseguró que estas sanciones nada tienen que ver con la situación actual del país y pidió a los organismos internacionales que “no se solidaricen automáticamente” con el dirigente de Voluntad Popular, “que pasen antes por la Contraloría para que sepan por qué estamos solicitando su inhabilitación, todos los diputados de Venezuela deben declarar sus bienes, estas sanciones no tienen nada que ver con la situación político sino con las violaciones a la Constitución de la República y el reglamento de interior y debate de la Asamblea Nacional”.
Por tal motivo, instó al Ministerio Público a tomar las acciones respectivas a este caso y ordenó a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio a que continúe el procedimiento sancionatorio previsto en la legislación.
(LaIguana.TV)
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