Sindicato buscará apoyo en Fiscalía y Defensoría para la liberación de trabajadores de Vencemos

Los trabajadores de Vencemos exigen que se liberen a tres compañeros que continúan detenidos en la sede de las Faes situada en el complejo deportivo Simón Bolívar / Foto: Arturo Ramírez

Luego de la detención de cinco trabajadores de la planta deVenezolana de Cementos (Vencemos), ubicada en Guanta, el pasado 10 de abril por funcionarios adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), miembros del Sindicato Único del Cemento de Anzoátegui (Sintracea) acordaron ejercer presiones con el fin de lograr su liberación.

El directivo de Sintracea, Luis Chaparro, señaló que Luis Alfredo Lezama y Dixon Ulises Franco fueron puestos en libertad, mientras que Josmary Carolina Hernández, Andrés Eduardo Arreaza y Néstor Luis Marcano permanecen en los calabozos del cuerpo policial

“Estamos buscando apoyo en todos los organismos, nos vamos a dirigir hasta la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para entregar un documento donde se detalle la violación de los derechos constitucionales de los compañeros, además de hacer énfasis en que no se está respetando la presunción de inocencia de los que aún contnúan detenidos”.

Indicó que en primera instancia los señalaron de extorsionar a los clientes, pero posteriormente fueron cambiando las causas legales.

“Los acusaron de extorsionadores por presuntamente pedirle dinero al cliente para el despacho de mercancía, luego manipularon la información y los acusaron por mala facturación y también por el desvío del material estratégico”.

Detalló que desconocen la razón por la cual los funcionarios de la Faes alegan que se cometieron tales delitos debido a que los pedidos se realizan a través de una página web, sin que los clientes tengan contacto con el vendedor.

Versión extraoficial

De manera extraoficial se conoció que uniformados de las Faes hicieron labores de inteligencia y descubrieron cómo supuestamente se comercializaba de manera ilegal este material estratégico por parte de los trabajadores implicados en el hecho.

Trascendió que desde Caracas, estos empleados recibían el código, sin que la directiva tuviera conocimiento y procedían a cometer el delito.

También se certificó que Hernández, Arreaza y Marcano continúan presos por orden del Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control, mientras se hacen las investigaciones que exige la ley.