Este sábado fueron otorgados beneficios procesales a un segundo grupo de 40 personas condenadas por delitos de violencia política perpetrada entre los años 2014 y 2018.
Con esta medida, que forma parte del proceso de diálogo y reconciliación nacional que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, asciende a 79 el número de venezolanos beneficiados, cifra que aumentará, de acuerdo a información del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Desde la cancillería venezolana en Caracas, el Fiscal acotó que estas personas se suman a las otras 69 que también recibieron beneficios en diciembre de 2017.
"Es una fase que va a continuar en la próxima semana y que revela la búsqueda real de que el protagonismo en Venezuela no sea la violencia, el golpe de Estado, la guarimba, la quema de seres humanos vivos, la quema de edificios públicos, el tiroteo y la insurrección como toma del poder", apuntó.
Por su parte la presidenta de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, indicó que esta medida invita a dirimir las diferencias por las vías pacíficas y democráticas, al tiempo que exhortó a los beneficiados a "apartarse por siempre de la violencia política, del odio y de la intolerancia".
Asimismo, los llamó a no seguir los guiones promovidos por fuerzas extranjeras para incurrir nuevamente en hechos de violencia política.
Para este grupo de personas fueron dictadas decisiones y otorgadas medidas tales como libertades plenas, cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
También se dictaron medidas de prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación y redes sociales, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras.
En esa línea, el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, subrayó que estas medidas están orientadas para que "nunca más" se repitan actos de violencia con fines políticos y es muestra del compromiso con el diálogo asumido por el Mandatario Nacional, tras la victoria electoral del 20 de mayo.
"En aras de la paz, de la reconciliación, en la búsqueda del diálogo profundo entre venezolanos y sobre todo, y principalmente, en la búsqueda de que nunca más se utilice la violencia para atentar contra la Constitución de nuestra República (...) promovemos un diálogo incluso entre aquellos que han incurrido en faltas graves contra la Constitución y las leyes, contra la democracia venezolana, que llamaron a la violencia en 2013, 2014 y 2017", resaltó en transmisión de VTV.
Asimismo, rechazó que los medios internacionales quieran minimizar estas medidas e invisibilizar a las víctimas de los hechos de violencia en los que participaron estas personas.
"Hemos visto como los medios de comunicación internacionales no hacen otra cosa que exaltar el odio nuevamente, invisibilizar las acciones de quienes cometieron delitos o de desaparecer del panorama a estos comités y familiares que tienen derecho a ser escuchados, reparados", expresó.
Por la reconciliación nacional
Este viernes 1º de junio, tras los beneficios procesales a 39 personas que se encontraban detenidas por participar en violencia política en el país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que estas medidas son un gesto que busca consolidar un proceso de diálogo y reconciliación con todos los sectores sociales y se enmarca en un mensaje de paz y buena voluntad, que es parte de las seis líneas de acción para su gestión 2019-2025.
"Que se entienda el mensaje de paz, de reconciliación, de reencuentro entre los venezolanos" es "un intento firme, sólido para el reencuentro y reconciliación de todos los venezolanos y venezolanas y decir no a la violencia. Más nunca violencia, más nunca trancazo, golpe de Estado, más nunca quema de seres humanos", resaltó el Jefe de Estado.
Entre las personas que recibieron beneficios judiciales se encuentran Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, estado Táchira, procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, con la concesión de una medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios y redes sociales.
También Gilber Caro, diputado suplente por Voluntad Popular en la Asamblea Nacional en desacato, quien fue detenido en enero de 2018 en un peaje de Guacara, estado Carabobo, al portar un fusil de guerra con los seriales devastados, cartuchos y tres barras de explosivo C4, que habían sido negociados con grupos paramilitares de Colombia, para generar hechos de violencia en el país.
En el caso de los procesados bajo la justicia militar, como G/B Ángel Vivas, detenido por incitar a la violencia durante las acciones sediciosas del año 2014, serán los tribunales militares los que determinen las medidas sustitutivas correspondientes.
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