Hace un mes, por una orden presidencial, los vendedores ambulantes del mercado porteño fueron desalojados / Foto: Internet
Nelson Marín salió del Internado Judicial de Carabobo hace siete meses. Dejó su pasado atrás para trabajar en el mercado municipal de Puerto La Cruz, pero una orden presidencial cambió sus planes.
La medida le quitó la posibilidad de vender sus limones en la calle Venezuela, una de las vías aledañas al recinto que ocupaban los comerciantes informales.
“Nosotros pensamos que atacarían los puntos de venta, a las mafias, no a nosotros que ayudábamos al pueblo con la rematadera y la competencia entre puestos”, declaró un indignado Marín, quien tiene bajo su responsabilidad a cuatro hijos.
Este martes se cumplió un mes desde que la alcaldesa Herminia García y su equipo desalojaron las calles del expendio porteño. Cuatro semanas que han sido de “corredera” para los vendedores, quienes se declaran en quiebra tras la imposibilidad de trabajar libremente.
1.120 minoristas deambulan diariamente por el expendio con los productos en la mano para intentar vender algo y llevar pan a la mesa.
“Tengo seis hijos y no encuentro qué hacer para solucionarles la comida porque con este problema vendo muy poco y pierdo demasiado”, expresó Juan Díaz, quien ofrece mangos al público.
Exigencia gremial
La Asociación Civil Bolivariana de Vendedores de Alimentos y Mercancía Seca de Puerto La Cruz (Acbovanse), a través de cinco de sus agremiados, reclamó la “desorganizada reubicación” de unos 380 comerciantes dentro del mercado.
“Queremos una respuesta oportuna por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello o quien sea, porque con la alcaldesa no se cuenta. Ella no está interesada en solucionar”, subrayó Jesús Martínez, vendedor de hortalizas desde hace 15 años.
Los afectados aseguraron que la alcaldía cuenta con un censo, el cual han entregado en tres oportunidades, y refleja la cantidad de trabajadores que esperan por su reubicación.
“Hemos sobrevivido vendiendo en cualquier esquina nuestra mercancía. Uno que otro guardia nacional nos ayuda, pero Polisotillo nos maltrata”, denunció Rosángela Rosales, al afirmar que sus compañeros tienen miedo de sufrir represalias si llegan a señalar a los bachaqueros que operan en el recinto.
La intervención de mercado municipal, a raíz de una orden del presidente Nicolás Maduro, impactó de inmediato la economía de los portocruzanos.
“Con estos vendedores podíamos rendir un poco más la pensión, nos rebajaban un poco las cosas por pagar con billetes”, dijo Marisela López.
Los comerciantes alegaron que para vender todo rápido remataban los alimentos y si la persona no podía comprar un kilo “se le vendía hasta 20 mil de lo que quisiera llevar”.
Beneficiados
“Las personas entran a la tienda diciendo que no sabían que esto existía”, relató Kellys Díaz, trabajadora de Comercial J. H. YATM, una quincallería ubicada a la mitad de la calle Venezuela.
Los clientes pasan y ven los estantes con tranquilidad, hecho que no ocurría hace unos meses. A pesar de “la buena decisión”, aún las ventas no suben y los encargados aseguraron que la afluencia aumentó en, aproximadamente, 60%.
En el caso de Comercial Ricky, el encargado Ricky Wu expresó que los usuarios visitan más el local “pero solo para ver”.
Aseguró que en seis años que lleva trabajando como proveedor no había visto nunca esa calle, aledaña al mercado, tan despejada.
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