Leopoldo López no era el único privado de libertad al que le permitirían escapar el pasado 30 de abril, cuando un grupo de militares intentó derrocar al presidente Nicolás Maduro desde el Distribuidor Altamira, municipio Chacao (Mir), según fuentes militares.
En la lista de los escapados, por obra y gracia de los organizadores de la intentona golpista, figuraban los ex ministros Raúl Isaías Baduel (Defensa) y Miguel Rodríguez Torres (Interior y Justicia). Ambos están recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuyo jefe en ese entonces, general Manuel Cristopher Figuera, era uno de los cabecillas de la sublevación.
Otro a quien se le abriría la reja, era al diputado Gilber Caro, para que, a su vez, cumpliera una misión asignada por el movimiento golpista: tomar las instalaciones del Internado Judicial de Aragua, ubicado en el pueblo de Tocorón (Ara).
Caro fue detenido el pasado 26 de abril. Al parecer, el general Figuera quería garantizarse el éxito de la misión encomendada a Caro y por eso lo recluyó en el Sebin-Helicoide.
La Jericó. Para el Ministerio Público, lo ocurrido el pasado 30-A está enmarcado dentro de la “Operación Jericó”, que es definida como “un plan estratégico en diferentes etapas que la doctrina militar y política denomina como guerra de cuarta generación”.
El despacho de Tarek William Saab señala que la “Operación Jericó” tiene por objetivo la desestabilización del Gobierno legal y legítimamente constituido identificándose cada etapa con nombres específicos tales como “La Salida” o “Resistencia “, que llevaron y llevan a cabo: aislamiento financiero a Venezuela por actores de la banca mundial, ataques a cuarteles y bases militares, violentas alteraciones del orden público, ataque a servicios públicos, acaparamiento y contrabando de extracción de combustible, alimentos y medicinas, desaparición del cono monetario e inclusive atentado con bombas en contra del presidente Maduro.
Escrito. Tal señalamiento está contenido en el escrito consignado por la Fiscalía ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para tramitar el enjuiciamiento a los diputados que estuvieron en el Distribuidor Altamira el 30-A.
Todo ello guarda relación con las reuniones lideradas por grupos políticos de oposición iniciados desde finales de febrero pasado la conformación de una estructura denominada “Resistencia Civil”, según informes de inteligencia.
Esta “Resistencia Civil” seguiría el mismo patrón de las protestas violentas del año 2014, pero con algunas variantes, como, por ejemplo, está vez se constituirían micro-células y macro-células.
Las micro-celulas están conformadas por cinco integrantes y son destinadas para atacar sitios emblemáticos del Gobierno nacional, sedes de los partidos chavistas, casas de líderes de base y regionales.
En cambio las macro-células, constituidas por 5 o más personas, participarán en ataques y defensa en marchas opositoras a organismos de seguridad y otros grupos afectos al Gobierno nacional, según manifestaron informantes.
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