A través de un comunicado el gobierno venezolano rechazó las “precipitadas y desproporcionales” declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- El Poder Ejecutivo pidió este viernes al Ministerio Público, iniciar una investigación que permita determinar las causas del incidente registrado el miércoles, en la sede de la Comandancia de la Policía de Carabobo, que dejó 68 víctimas fatales.
A través de un comunicado el gobierno solicitó a la fiscalía precisar “las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia”.
Asimismo rechazó las “precipitadas y desproporcionales” declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por considerar que fijó una posición “tendenciosa”, sin requerir información oficial al Estado venezolano.
El texto señala que la posición de la ONU constituye “una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos”.
Agrega que conformó un equipo multidisciplinario, conjuntamente con la gobernación del estado Carabobo, para la protección integral de las familias afectadas “así como la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial”.
En el texto el Ejecutivo ratifica su compromiso “con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas (…) y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
La noche del miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que fueron designados 4 fiscales del ministerio público para esclarecer los hechos en los que resultaron 68 personas fallecidas.
Por su parte el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, informó que fue creado un Consejo Superior de Seguridad Estadal en el estado Carabobo, para investigar el hecho que enlutó a decenas de familias venezolanas.
Comunicado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, frente a los trágicos sucesos acaecidos en un centro de detención de la Policía del estado Carabobo, el pasado miércoles 28 de marzo de 2018, hace llegar sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y allegados de cada una de las personas fallecidas en este lamentable hecho, a la vez de solicitar al Ministerio Público, el inicio de una investigación para la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este doloroso evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia.
Del mismo modo, junto a las autoridades del gobierno regional del estado Carabobo, hemos conformado un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas, así como la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial. De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, rechaza categóricamente las precipitadas y desproporcionales declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la cuales procede a fijar públicamente su posición tendenciosa sobre Venezuela, de manera prejuiciada y sin requerir información oficial al Estado venezolano sobre lo ocurrido en el centro de detención de la Policía del estado Carabobo; lo que constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos.
Finalmente, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso, con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, en virtud de lo cual continuará adoptando las medidas pertinentes para asegurar condiciones de detención ajustadas a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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