Es difícil batir los récords de hipocresía de Estados Unidos y la Unión Europea, pero Suiza se ha propuesto hacerlo. El país que durante siglos ha protegido, con la cómplice institución del secreto bancario, los ingresos sucios de dictaduras, corruptos y organizaciones criminales de todo tipo, ahora anuncia sanciones contra funcionarios del Estado venezolano solo para alinearse con la estrategia de los poderes hegemónicos mundiales contra la Revolución Bolivariana.
Al hacerlo, tiende sobre ellos la sombra de que pudieran ser clientes de sus oscuras instituciones financieras, sin presentar ninguna evidencia de ello.
Tengan o no dinero en bancos de ese país, la sola difusión de estas supuestas sanciones funciona como un mecanismo de difamación e injuria, pues en todo el orbe se sabe que Suiza es la mayor caja fuerte mundial de dineros mal habidos.
Encubridores históricos
Suiza ha sido, históricamente, el muro contra el que se han estrellado todas las investigaciones administrativas y penales relacionadas con la corrupción y el narcolavado en diferentes países.
El fallecido contralor general de la República Clodosbaldo Russián nunca se cansó de repetirlo, tanto en foros internacionales de especialistas como en entrevistas periodísticas y ruedas de prensa: "Cuando los suizos sean transparentes, habrá posibilidad de castigar a los corruptos", aseguraba.
Casi todos los grandes casos de corrupción administrativa ocurridos en el país han quedado en nada debido al secreto bancario de Suiza. Venezuela ha solicitado información sobre cuentas bancarias cifradas o a nombre de empresas de maletín, tanto en la IV como en la V República, sin recibir respuesta satisfactoria. El argumento del secreto ha sido siempre una mampara para los ladrones del patrimonio público, incluyendo los de casos recientes como Cadivi-Cencoex.
La fama de Suiza como refugio del dinero ilícitamente obtenido era tal que en la Venezuela de la IV República al sistema de apuestas hípicas ilegales se le conocía como "la banca suiza".
Las investigaciones periodísticas tampoco han podido pasar ese cerco, por lo que la inveterada recomendación de "seguirle la pista al dinero" para descubrir a los implicados siempre se ha frustrado en las puertas de los bancos suizos.
Legislación con huecos
Suiza, teóricamente, dejó sin efecto el secreto bancario en 2017, pero los conocedores del tema aseguran que la normativa al respecto tiene más huecos que uno de los típicos quesos de ese país europeo.
En el año que ha transcurrido, los poderosos bancos helvéticos se las han arreglado para seguir ocultando la identidad de sus clientes y de esa manera, la nación ha continuado siendo el mayor y más acaudalado de los centros offshore del planeta. Offshore es un término que inicialmente se refería a las inversiones de ultramar, pero que ha pasado a ser sinónimo de fondos anónimos, empresas de maletín y cuentas bancarias amparadas por el secreto.
Se estima que por sus bóvedas reales o virtuales transita una cuarta parte del dinero offshore del mundo. Mucho de ese dinero se queda depositado en el país alpino o termina beneficiándolo. Solamente por concepto de servicios financieros, Suiza obtiene 10% de su PIB. Para finales de 2015, la banca suiza tenía 6,5 billones de dólares líquidos en sus cajas, y más de la mitad habían sido generados en el exterior, sin que fuera necesaria la inversión de ningún industrial, el riesgo de algún comerciante ni el sudor de la mano de obra interna.
La condición de gran paraíso fiscal del mundo les permite a los suizos tener un altísimo nivel de vida, por encima el promedio de Europa. Entre los indicadores en los que llevan ventaja está el del número de hogares millonarios: 135 por cada mil.
La nueva legislación suiza impone a los bancos el deber de dar información a las autoridades de países que estén investigando a presuntos clientes, pero hay margen para una gran discrecionalidad. Un abogado especializado en delitos bancarios comparó el asunto con las redes sociales: únicamente si eres amigo, puedes ver su información. Suiza solo comparte esa data con aquellas naciones con las que tiene buenas relaciones e intereses comunes.
Perseguidos por informar
El país que presume de ser inmaculado tiene un expediente negro en materia de persecución a ciudadanos que han osado filtrar algún tipo de información considerada secreta.
Tal fue el caso de Rudolf Elmer, quien era ejecutivo del banco Julius Baer. Era el jefe de operaciones de la filial en las islas Caimán, un conocido paraíso fiscal, muy usado por clientes de Estados Unidos. Lo botaron en 2002 por una filtración de información secreta de clientes suizos. Además de despedirlo, lo llevaron a la cárcel en 2005 por violación del secreto bancario suizo al revelar datos de estas cuentas a las autoridades impositivas y a los medios de comunicación.
Elmer es uno de los que afirman que, a pesar de los cambios legislativos, el secreto bancario está más blindado que nunca, entre otras razones porque, como lo demuestra su propio caso, no hay protección en Suiza para los que denuncien estos delitos. "La impresión de que en Suiza se está desmantelando el secreto fiscal es falsa", declaró Elmer al medio británico BBC.
Elmer fue condenado por ese primer caso a dos años de libertad condicional y una multa de 7 mil 200 francos suizos. Adicionalmente, lo arrestaron de nuevo y lo procesaron y condenaron en 2011 por haberle entregado información secreta sobre unas 2000 cuentas bancarias a Julián Assange, de Wikileaks. Esta vez la multa fue de 45 mil francos suizos. El caso Elmer sigue en tribunales, debido a sus apelaciones, pero es posible que termine ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Así protege Suiza el secreto de sus poderosos bancos, cuando le conviene. ¿Gana o no el torneo mundial de la hipocresía?
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