Al menos 313 empleados despedidos de la gobernación deberán volver a sus puestos

El Ministerio del Trabajo dictó 313 amparos a igual número de
empleados de la Gobernación de Anzoátegui que habían sido despedidos.

El recurso legal deja sin efecto la medida y ordena que los
trabajadores vuelvan a sus puestos con la remuneración
correspondiente.

La información fue suministrada por Carlos Martínez, secretario
ejecutivo del Sindicato Unión Gremial de Empleados Administrativos de
la Gobernación del estado Anzoátegui (Sugreganz), acompañado de los
constituyentistas de la entidad.

Martínez manifestó que una comisión, compuesta por funcionarios de la
cartera de Trabajo, representantes de Sugreganz y los afectados
asistieron ayer a la sede de gobierno regional para entregar las
órdenes de ejecución del instrumento jurídico, pero se les negó el
acceso.

“El personal de seguridad de la gobernación nos impidió entrar al
edificio por órdenes del gobernador Antonio Barreto Sira”.

El representante sindical manifestó que con esta acción se evitó la
medida de amparo y, por tanto, ahora se realizará de manera forzosa,
como establece el ordenamiento jurídico.

“Ahora entramos en una segunda fase, porque al impedir la ejecución
del amparo, entraron en desacato. Próximamente convocarán a los
trabajadores a la gobernación, acompañados de los representantes del
Ministerio de Trabajo, funcionarios del Ministerio Público y las
fuerzas de seguridad, a los fines de que se acate esta orden de
amparo”, explicó.

Respuesta
Ante el procedimiento de reenganche de los trabajadores, el equipo
jurídico de la gobernación se activó, junto con la Dirección de
Personal, para instalar una mesa de trabajo y canalizar la situación,
de acuerdo con Gladys Urbáez, titular de esa dependencia.

La directora de Personal precisó que la inspectora del Trabajo de
Barcelona pretendió que el proceso se llevara adelante sin que se
escuchara la argumentación de los representantes del Ejecutivo.
Urbáez sostuvo que según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y
Trabajadoras tanto los funcionarios como el ente contratante tienen el
derecho de expresar sus argumentos.

Explicó la funcionaria que en la sede de la gobernación se estaba
instalando una mesa de trabajo para tratar el problema, pero esta no
se concretó porque los trabajadores y los inspectores se negaron a
participar.

“Cuando se estaba a punto de comenzar el proceso con la Inspectoría
del Trabajo, los contratados y funcionarios del Ministerio del Trabajo
abandonaron la sede de la gobernación alegando desacato”.