Desde la madrugada, la alcaldesa Herminia García tomó, en compañía de las autoridades locales y estadales, los alrededores del mercado municipal de Sotillo / Foto: Frenny López
La orden que el pasado 28 de mayo dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, de intervenir los mercados municipales del país para acabar con, lo que según el mandatario, son las mafias del bachaqueo, se convirtió este martes en una realidad en Puerto La Cruz.
Desde la 1:00 am, la alcaldesa del municipio Sotillo, Herminia García, realizó el operativo en compañía de la Fuerza Armada Nacional (Fanb), Guardia del Pueblo, policía municipal, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras autoridades locales y estadales.
La primera fase, como así la calificó la mandataria local, consistió en inspeccionar, para reubicar posteriormente dentro de las instalaciones a los vendedores ubicados en las calles Venezuela y Dividive. Habilitaron a un personal que se encargará de censar a todos los comerciantes para ver si están debidamente afiliados a una asociación.
“La intervención del mercado municipal no tendrá fecha de caducidad, será permanente. Este mercado fue dado a una asociación en 1992, la cual lo administraba, pero nosotros, por medio de un decreto, anulamos eso para empezar con el proceso de reorganización”.
Rechazo
El presidente de la Asociación Civil Bolivariana de Vendedores de Alimentos y Mercancía Seca (Acbovanse), Leopoldo Simosa, rechazó, en nombre de los 2 mil 500 asociados, la forma cómo se inició el procedimiento.
“La decisión que tomó la alcaldía fue arbitraria. Sabemos que fue una orden presidencial, pero la mayoría de los socios tienen mercancía que se les puede dañar. Ellos (autoridades) dieron dos días para solventar la situación, pero eso tuvieron que haberlo empezado mañana miércoles, que es día de parada y no nos afectaría tanto. Nos vamos a reunir con los asesores para ver qué podemos hacer jurídicamente ahora”, expresó.
En cuanto a la promesa de acabar con las mafias del bachaqueo, sobreprecio y la venta fraudulenta de efectivo, Simosa indicó que ninguno de los integrantes de la asociación se dedica a esos oficios, pues ni puntos de venta tienen.
“El mismo Gobierno sabe dónde están los bachaqueros, porque aquí al mercado municipal llegan gandolas cargada de alimentos, de artículos de primera necesidad, escoltados por los cuerpos de seguridad del Estado. La misma Guardia Nacional cuida los puestos de los bachaqueros. No quiero echarle la culpa a la institución, sino a un grupo de efectivos inescrupulosos que se dejan llevar por uno de los generales, que es el jefe de las mafias bachaqueras”, aseguró Simosa.
La asesora jurídica de Acbovanse, Yolimar Torrealba, aseveró que “hay una cantidad de derechos que asisten a los comerciantes”, y por los cuales van a luchar.
“Aquí (en el mercado) está la comida de ellos y la del pueblo. Queremos que se reconozca que son gente revolucionaria, que le den la oportunidad, el derecho a la defensa que establece la Constitución. Ellos ven esto como un atropello”.
La vendedora Mari Josefina Lemus, quien dijo ser madre y padre de sus cinco hijos, se quejó porque invirtió Bs 30 millones en mercancía y se le va a perder.
“Si yo no trabajo, mis hijos no comen. ¿Quién me va a pagar cuando se me dañen los alimentos?”, se preguntó.
A la compradora María García también la tomó por sorpresa la medida. Invitó a las autoridades a supervisar para ver quiénes realmente son los dueños de los puestos de bachaqueros a fin de acabar con las mafias desde la raíz.
“Aquí se ve de todo, desde prostitución hasta la diferencia de precios al comprar en las afueras de las instalaciones y adentro, porque los que están dentro del mercado son los que estafan al pueblo. Necesitamos que los vendedores sean clasificados por espacios de acuerdo con el tipo de ventas que realicen. Que eliminen a los bachaqueros”.
Más adelante
La mandataria local Herminia García se reunió, horas más tarde, con la Asociación Civil de Trabajadores, Pequeños y Medianos Comerciantes del Mercado Municipal (Asotram) para solicitar su cooperación y reorganizar, fortalecer y mejorar el recinto.
“Eso no va a pasar en dos días, vamos a durar varios meses en este proceso. Esperemos que con los días sea más llevadero”.
Designó al segundo comandante de la Policía del municipio Sotillo (Polisotillo), supervisor jefe José Rebolledo, para que junto con ella y todas las autoridades de la jurisdicción estén al frente del plan especial.
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