Los cargamentos de alimentos y medicinas que Estados Unidos pretende insertar (en el sentido militar del término) en Venezuela desde Colombia incumple con la mayor parte de los principios internacionales establecidos para las ayudas humanitarias.
El principio de humanidad señala que el alivio del sufrimiento debe ir acompañado de respeto por el ser humano. Este principio es fallido de entrada pues el pretendido auxilio procede de un país que, muy por el contrario, ha generado el sufrimiento colectivo mediante una prolongada y cada vez más intensa operación de bloqueo económico, a la que ahora se ha sumado la desembozada apropiación indebida de activos, bienes y fondos propiedad de Venezuela.
Otro principio violentado de antemano es el de la imparcialidad, pues las ayudas deberían destinarse a todas las personas en situación de necesidad, no basándose en motivos políticos, como ocurre en este caso. La mejor prueba de ello es que en la propia Colombia hay situaciones de emergencia humanitaria sumamente graves, como la que ha causado la muerte de miles de niños wayuu en la península de La Guajira, pero el empeño se dirige hacia Venezuela porque su propósito es hacer propaganda contra el socialismo.
El principio de neutralidad es el más vulnerado, puesto que la ayuda supuestamente humanitaria es promovida por enemigos declarados del gobierno de Venezuela y promotores directos del gobierno paralelo. No existe ni un asomo de neutralidad en quienes pretenden erigirse como promotores de una acción humanitaria.
Esta es la razón por la cual la Cruz Roja se ha negado a involucrarse en esta acción tan obviamente parcializada.
Tampoco está cerca de cumplirse el principio de independencia, pues las organizaciones envueltas en esta operación están alineadas a las políticas y las ejecutorias de otros gobiernos, como los de EEUU y Colombia. Toda la operación tiene como objetivo final forzar a que los militares venezolanos desconozcan al gobierno constitucional, tal como lo han expresado los jefes de la acción, el presidente de EEUU, Donald Trump, el vicepresidente, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el consejero nacional de Seguridad, John Bolton, el comisionado especial para Venezuela, Eliott Abrams, el presidente de Colombia, Iván Duque, varios altos mandos de EEUU y Colombia, y el autojuramentado Juan Guaidó.
Otro principio claramente violado por esta jugada política enmascarada de ayuda humanitaria es el del no utilizarla como mecanismo de proselitismo político, ni explotar la necesidad de las personas para sumarlos a un determinado credo político. En este caso, podría decirse que el objetivo es arrancarle al pueblo una ideología. Si a alguien le quedaba alguna duda, debe haberla despejado con el discurso rabiosamente anticomunista de Donald Trump en el reciente acto de Miami. Entre otras frases significativas, dijo: “En Venezuela y en todo el hemisferio el socialismo está muriendo y la democracia, la libertad y la prosperidad renacen”.
Adicionalmente, en la llamada “ayuda humanitaria” de EEUU y Colombia tienen un rol principal las fuerzas militares, que pueden participar en casos de desastres naturales o socionaturales, pero no son considerados actores humanitarios. En este caso eso es particularmente notorio porque las tropas enviadas a Cúcuta no son, en absoluto, de las que se presume que puedan llevar a cabo ese tipo de actividades, sino fuerzas especiales conocidas en todo el mundo por sus acciones destructivas y sanguinarias.
Bajo la doctrina de la Organización de las Naciones Unidas (resolución 182/46 de la Asamblea General), las entregas de ayuda deben respetar la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados. Esa norma es clara: “la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, basada en la solicitud del país afectado”. El Estado venezolano ha rechazado la ayuda y ha exigido, en cambio, que EEUU y varias naciones de Europa pongan fin al bloqueo financiero y devuelvan las empresas, el oro y los bienes de los que se han apoderado ilegalmente, de modo que Venezuela pueda hacer uso de sus recursos para la compra de alimentos y medicinas.
(LaIguana.TV)
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