La Central Obrera Boliviana (COB) demandó la nulidad del decreto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez que exime de responsabilidad penal a militares que cometan crímenes en la represión de protestas sociales.
Al mismo tiempo, el gobierno, considerado golpista por las organizaciones sociales y el mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS), amenazó con continuar apresando civiles que protestan y alegó, sin pruebas ni detalles, un supuesto plan para matar a Áñez.
“Si de verdad quieren pacificar el país, abroguen el decreto”, dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, al rechazar la norma, que analistas consideran una licencia para matar impunemente.
Recordó igualmente que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a marchar, hacer huelgas y protestar y dijo que el cuestionado decreto agrava la crisis creada por el virtual derrocamiento del presidente Evo Morales.
Entretanto, sigue corriendo el plazo de 48 horas dado por la Federación de Cultivadores de Hoja de Coca de Cochabamba para que renuncie Jeanine Áñez, y en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, persiste un bloqueo que cortó el abastecimiento de combustible, mientras los cierres de rutas causaron el desabastecimiento de alimentos a la urbe paceña.
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