Las detenciones arbitrarias y los procedimientos extrajudiciales eran una practica sistemática durante la IV republica
El 15 de noviembre de 1966, tal día como hoy, el diputado José Vicente Rangel insistió en denunciar en la Cámara de Diputados la aplicación de torturas en los campos de prisiones y en las dependencias de la Dirección General de Policía (Digepol).
Es sumamente importante conocer y reconocer los hechos históricos y sus nefastas consecuencias políticas aplicadas por los gobiernos durante la IV República, a los revolucionarios, luchadores sociales, quienes ofrendaron la vida en pro de un país liberado de la opresión burguesa, capitalista, contra el pueblo bolivariano.
Cuántos compatriotas, forjadores de libertad, trabajadores, campesinos, estudiantes, fueron torturados, desaparecidos, masacrados en distintos escenarios de lucha contra la injusticia, contra las políticas hambreadoras de las clases dominantes contra el pueblo marginado, oprimido.
Entre los torturados en esta oportunidad se encontraban Rafael Guerra Ramos, César Pavel Rondón Daza, Iván Hernández, Anselmo Natale, Julio César Valery, Héctor Jiménez y Demetrio Jiménez. Una de las torturas que se aplicaban en los campamentos de prisioneros en El Tocuyo (Lara) y La Pica (Monagas) era la llamada “garrocha eléctrica”, que consiste en un artefacto usado para levantar el ganado cuando es trasportado en camiones.
La Digepol y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) aplicaban la “garrocha eléctrica” en los testículos y otras partes del cuerpo de las víctimas. También se aplicaba la tortura llamada “el submarino”, que consiste en introducir la cabeza del prisionero en agua hasta casi ahogarlo.
Los gobiernos del puntofijismo violaron flagrantemente la Constitución de 1961 que rezaba textualmente: “Art. 60, ordinal 3º: Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral. Es punible todo atropello físico o moral inferido a persona sometida a restricciones de su libertad”.
Los gobiernos “democráticos” desde 1958 hasta 1998 utilizaron siempre y de manera sistemática la tortura contra los presos comunes — generalmente de baja extracción social—, y de manera aberrante contra los presos políticos, esto último sobre todo durante los años 60, cuando los gobiernos de turno debieron enfrentar la arremetida guerrillera de partidos y grupos políticos de extrema izquierda.
Aunque se tratase de la defensa necesaria de los gobiernos enfrentados a una vigorosa lucha armada, los medios utilizados, sobre todo el maltrato y la tortura de los presos políticos, a veces hasta la muerte, alcanzó límites inauditos de abuso y vesania.
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