CONOZCA COMO FUE LA CRISIS FINANCIERA
DE 1994 Y EL CIERRE DEL BANCO LATINO
El 2 marzo de 1994 se dictaron 83 autos de detención por el caso del Banco Latino. La decisión de la intervención y su manejo, detonó la mayor crisis financiera de la que se tiene conocimiento en Venezuela. Cerca del 60% del sistema bancario fue clausurado. ... Para el momento de su intervención el Banco Latino era una de las instituciones financieras más grandes e influyentes del país.
El 16 de enero de 1994 el gobierno interino de Ramón J. Velázquez decretó la intervención y cierre temporal del Banco Latino.
Para el momento de su intervención el Banco Latino manejaba las cuentas de las fuerzas armadas, las petroleras, las fuerzas policiales y junto a sus aliados bancarios (Bancos de Maracaibo, Barinas, Occidente, Capital y Fiveca, entre otros), operaba cerca del 30% de las cuentas correspondientes al sector privado.
Sus ex presidentes Antonio Ugueto, Gustavo Gómez López y Giácomo León, los miembros de la Junta Directiva y otras 83 personas, fueron acusados criminal y civilmente en Venezuela y los países donde el Latino tenía sucursales.
Después de casi una década de juicios, y por sentencias definitivamente firmes, provenientes de los tribunales de todas las jurisdicciones donde fueron acusados, todos los acusados fueron absueltos de los cargos criminales, y las demandas civiles en su contra, fueron declaradas sin lugar.
El Banco Latino fue liquidado en el gobierno del presidente Chávez, el 1º de septiembre del 2000.
La Crisis Bancaria de 1994, que explotó durante el segundo mandato de Rafael Caldera, consistió en un proceso de insolvencia financiera en el que se vio involucrado un tercio de la banca comercial venezolana, el cual condujo a la desaparición de un significativo número de entidades financieras, entre ellas el Banco Latino, y al colapso del sistema económico nacional.
Este fue el caso de corrupción de la cuarta república que más afectó la vida de los ciudadanos venezolanos, quienes simplemente perdieron su dinero sin explicación alguna, pues, producto de operaciones financieras irresponsables que nunca contaron con la regulación del Estado, los banqueros llevaron a la iliquidez a sus entidades, sin posibilidad de responder a los ahorristas, por lo que el Gobierno debió autorizar auxilios financieros por un monto de más de 12 millones de dólares, entregados a través del Fondo de Garantías de Depósito (FOGADE), institución responsable de manejar la crisis.
El entonces Ministro de Finanzas, Julio Sosa, comunicó a la nación que el Gobierno había decidido cerrar ocho entidades financieras que había intentado reflotar en vano, las cuales representaban, para el momento, la mitad de las cuentas bancarias del país y 2 millones de ahorristas, a quienes el Estado prometió garantizar sus depósitos hasta por 24 mil dólares por persona. Los banqueros retiraron el dinero destinado para responder a sus clientes y se fugaron del país, lo que significó una pérdida para FOGADE de 22 millardos de dólares.
Se suele decir que esta crisis fue producto de cambios económicos estructurales producidos por la incertidumbre política y social de la época, derivada de anteriores casos de fraudes bancarios y del descontento social como tal, lo que condujo a la disminución de depósitos y a la quiebra de algunas entidades bancarias. También se señala como generadora de esta crisis a la complicidad del gobierno de turno con los banqueros, quienes no estaban bajo ningún tipo de regulación o supervisión en sus políticas administrativas, sus operaciones financieras o sus inversiones, lo que les permitió operar libremente a favor de sus corruptos intereses, fraguando desviaciones de fondos, movimientos riesgosos y fraudes de diversa naturaleza. Además, la liberación de las tasas de interés en un entorno económico inestable significó el punto de partida para el desplome del sistema financiero.
Antes de la crisis, la banca venezolana empezó a ofrecer al público intereses elevadísimos, de hasta 80%. Muchos venezolanos vendieron sus bienes, dividieron el dinero en depósitos para distintos bancos y planificaron su futuro en función de las grandes ganancias que generarían los intereses prometidos, pero el problema crecía silenciosamente. La historia comenzó con el Banco Latino, el primero en salir del sistema bancario, alegando un problema circunstancial de liquidez, pero rápidamente otros bancos, grandes y pequeños, empezaron a sufrir las consecuencias de esta crisis de insolvencia estructural, por lo que debieron cerrar sus puertas, quedando congelados los fondos de los ahorristas, a pesar de haber tomado la precaución de dividir los depósitos en diferentes bancos.
El Gobierno intervino 19 entidades financieras y para evitar su quiebra, lo que traería terribles consecuencias sociales, puso en marcha un plan de rescate bancario, percibido por la opinión pública como el rescate de los banqueros, pues se puso en manos de estos el dinero que debía ser rembolsado a los ahorristas. Así, el Estado desenfundó el 10% del Producto Interno Bruto para otorgar auxilios financieros a los bancos en crisis, lo que produjo serias complicaciones en la economía del país.
El manejo de esta crisis no fue una experiencia para nada positiva, careció de un plan integral, los problemas fueron atacados en la medida que se fueron presentando, y por supuesto, no hubo una respuesta concreta y definitiva por parte del Gobierno, al punto de que la problemático se extendió durante 18 meses. Los bancos afectados por la crisis fueron el Banco Latino, el Banco Progreso, el Banco Principal, el Banco Ítalo Venezolano, el Banco Profesional, el Banco Amazonas, Bancor, el Banco Barinas, el Banco La Guaira, el Banco de Maracaibo, el Banco Metropolitano, el Banco Construcción, la Sociedad Financiera Fiveca, la Sociedad Financiera Confinanzas, la Sociedad Financiera Cremerca, el Banco Consolidado y el Banco de Venezuela.
Pasados unos tres años, el sistema lucía aparentemente saneado, con muchos bancos nuevamente privatizados, otros nacionalizados, pero en quiebra o definitivamente cerrados y algunos vendidos a capitales extranjeros. Se estima que la mayoría de los depositantes lograron recuperar parte de sus ahorros, aunque con pérdidas patrimoniales considerables en muchos casos, debido al efecto combinado de la devaluación y la inflación en el tiempo que tardaron en recibir sus fondos.
Esta crisis financiera generó serias consecuencias para el país, siendo el ciudadano común el más afectado. Se hace difícil olvidar a cientos de familias pasando hambre y otras necesidades, a empresas cerrando sus puertas y el precio de los bienes y las divisas extranjeras aumentado a niveles inaceptables de un día para otro.
Distintos gobiernos de la cuarta república mostraron su incapacidad o falta de voluntad para responder a los ahorristas en tiempos de crisis, siendo la del 94 uno de los ejemplos más notables. El Banco del Táchira, ligado a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quebró al salir este del poder y hasta le fecha, medio siglo después, las deudas con los depositantes no se han saldado. También quebraron, durante aquellos largos años, el Banco Nacional de Descuento y el Banco de Comercio, ambos sin repuesta a sus clientes.
Luego, Luis Herrera Campins orquestó la estafa del Banco de los Trabajadores, donde un elevado número de personas perdió totalmente sus ahorros. Entonces se creó FOGADE, entendiendo que las crisis financieras pueden ser algo recurrente en la sociedad venezolana. Así, en el 94 se activa este fondo, tardando meses en dar una respuesta eficiente a los ciudadanos, sometiéndolos a condiciones deprimentes, con sus fondos congelados y sin bienes, pues los habían vendido para participar del negocio engañosos de los bancos, existiendo incluso testimonios de suicidios por tal situación.
Durante el 2009, los medios privados nacionales generaron cierta matriz de opinión acerca de la posibilidad de recaer en una crisis financiera, debido a ciertas ordenanzas que el Gobierno Bolivariano estableció a los bancos del país y también a causa de la crisis económica mundial, lo que concluyó con la intervención de siete entidades bancarias. Las diferencias entre los procesos de intervención bancaria del 94 y los recientes son bastante notorias, apreciándose para aquel entonces la defensa de los intereses de los banqueros y en estos tiempos, la defensa del pueblo y sus ahorros.
En el 94 no se apresó a ningún banquero por la utilización de fondos de ahorristas para negocios diferentes a los de intermediación financiera, lo que generó la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de los bancos frente a sus clientes. Tampoco se condenaron a los responsables de violar las bóvedas privadas de los clientes del Banco Latino cuando explotó la crisis. De hecho, se ayudó a los mismos banqueros que quebraron sus bancos, quienes al recibir el auxilio financiero del Estado, se fugaron del país.
En cambio, para la intervención bancaria del 2009, se apresaron a los responsables del hundimiento de los bancos y la estrategia del Estado fue muy diferente, pues, a diferencia del 94, que fueron auxiliados los bancos para reflotarlos, el gobierno del presidente Hugo Chávez, consciente de la delicada situación económica, al anunciar la intervención de las primeras cuatro entidades bancarias, señaló que el recién nacionalizado Banco de Venezuela comenzaría a pagar de inmediato lo correspondiente a la garantía bancaria responsabilidad de FOGADE, ofreciéndole a los cuentahabientes de los bancos intervenidos que aceptasen mantener su dinero en el Banco de Venezuela, el cual pagaría un interés superior por sus ahorros, lo que evitó un retiró descontrolado de dinero y aseguró la estabilidad del banco. También se procedió a la nacionalización y fusión de los bancos intervenidos con Banfoandes para crear el Banco Bicentenario.
Sin lugar a dudas, este gobierno ha actuado con mayor diligencia que el gobierno de Caldera y el de muchos otros dirigentes de la cuarta república. Por supuesto, cuando los intereses están a favor del pueblo, las medidas son en beneficio del pueblo.
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