El 13 de septiembre de 2007, después de un proceso de preparación, debates y negociaciones que se remontaba hasta 1982, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El artículo analiza el estatus de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina dando cuenta de la existencia de la “brecha de implementación” según la cual puede discernirse entre el reconocimiento formal del marco jurídico normativo internacional de derechos y la ausencia en las prácticas administrativas y políticas por parte de los Estados latinoamericanos.
La participación en la adopción de decisiones ha sido, junto con las reivindicaciones de tierras, territorios y recursos naturales, una de las demandas que los pueblos indígenas han esgrimido recientemente con mayor vehemencia en la región. Las respuestas de los gobiernos se han caracterizado por la intimidación, la represión, el encarcelamiento y el asesinato de los indígenas.
Tal esquema de conflictos y violación de derechos se ejemplifica con el caso de las movilizaciones de los pueblos indígenas contra la minería en Guatemala.
Tal esquema de conflictos y violación de derechos se ejemplifica con el caso de las movilizaciones de los pueblos indígenas contra la minería en Guatemala.
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