La historia no
contada
EL NARCOINDULTO
QUE HIZO
ESTREMECER A MIRAFLORES
El 26 octubre de 1993, el presidente interino Ramón J. Velásquez
firmó un decreto de indulto a Larry Salvador Tovar Acuña, quien se encontraba
purgando 13 años de condena por el delito de narcotráfico. El irregular hecho
desató un escándalo de proporciones gigantescas.
La evidencia de que la
Secretaria Privada del Presidente, María Auxiliadora Jara de Tarazona,
suspendida de su cargo unas horas antes, estaba en su oficina destruyendo
documentos, apresuró la actuación policial.
Por instrucciones del
Presidente de la República fue llamado el Director del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial, Orlando Jordán Petit. Media hora después una delegación de la
PTJ, junto al Edecán de Guardia y al Viceministro de la Secretaría se dirigían
hasta los espacios de la Secretaría Privada.
El comisario de la PTJ
invitó a la Secretaría Privada
María Auxiliadora Jara de Tarazona a que lo
acompañara hasta la sede de ese organismo: ella accedió. Por los solitarios
pasillos de Miraflores, en la noche del miércoles 27 de octubre, las cuatro
personas escenificaban el arresto de una de las personas más cercanas al
Presidente de la República. Comenzaba así el caso conocido como el “Narcoindulto”.
El más penoso incidente del gobierno de Ramón J. Velásquez, y
posiblemente de toda su vida pública fue una combinación, explosiva sin duda,
de política, comercio de estupefacientes y confianzas violadas.
El 27 de octubre la prensa de Caracas informó sobre la decisión
del gobierno de Ramón J. Velásquez de emitir un decreto indultando a Larry
Tovar Acuña, quien se encontraba preso aún sin sentencia y al cual se le
adjudicaban diversos delitos en Venezuela y Estados Unidos relacionados con el
comercio de narcóticos. El Decreto apareció en la Gaceta Oficial, publicación
cuyo contenido es decidido por el Ministro de la Secretaría, sin la firma del
Ministro de Justicia que debía refrendar el acto presidencial. El prisionero
fue sacado de la cárcel sin que la juez que le seguía juicio hubiera firmado la
necesaria boleta de excarcelación. Las irregularidades saltaban por doquier.
A las 5:50 de la tarde, el 26 octubre de 1993, Larry Salvador Tovar Acuña salía en libertad, gracias al famoso
indulto de la presidencia provisional de Ramón J. Velásquez y que éste luego
desconoció, descargando la responsabilidad en la secretaria privada de la
presidencia, María Auxiliadora Jara Rangel de Tarazona.
Tovar Acuña salió en libertad a pesar de que la boleta de
excarcelación que fue remitida por fax a la citada instalación penitenciaria,
contenía un número de cédula de identidad que ni siquiera correspondía a Larry
Tovar Acuña. Pero el indulto sería revertido en breve y se emitiría la segunda
orden de captura en su expediente.
El 27 de octubre Ramón J. Velásquez solicitó a la Policía Técnica
Judicial abriera las investigaciones; señaló al Procurador General de la
República y al Ministro para la Descentralización la tarea de redactar un
decreto derogatorio de aquel que concedía el indulto. Se reunió con el
Consultor Jurídico, Manuel Peña López, para precisar si el indulto había salido
de ese Despacho. Se reunió con el Ministro de la Secretaría y con el Jefe de la
Oficina del Consejo de Ministros, Ezequiel Alfaro López, para conocer los
originales del indulto y el proceso que se siguió para su inclusión en la
Gaceta Oficial.
A principios de la tarde, en presencia de testigos, Ramón J.
Velásquez se reunió con la señora María Auxiliadora Jara de Tarazona. Ella
había puesto sobre el despacho del Presidente el proyecto de indulto acompañado
de un estudio elaborado por la Consultoría Jurídica: pero en aquella
oportunidad al parecer, la señora Tarazona olvidó mencionarle al Presidente que
el informe que servía de base al indulto había sido elaborado por Gustavo
Velásquez, Consultor jurídico de Miraflores durante el gobierno de CAP y que en
ningún caso aquel informe recomendaba la decisión de indultar al procesado.
En algún momento de la reunión, el Jefe de la Casa Militar hizo
entrega a Ramón J. Velásquez de un telegrama mediante el cual la Secretaria
Privada había notificado a los padres de Tovar Acuña, sobre las gestiones
hechas por la Secretaría para reactivar la solicitud del indulto.
Velásquez preguntó insistentemente por qué ella habla tomado la
iniciativa sin hacer pasar la solicitud por los canales regulares del
Ministerio de Justicia o de la Consultoría Jurídica de Miraflores. Le preguntó
por qué había enviado aquel telegrama. Ella respondió que se trataba de las
rutinas secretariales: siempre se respondía a las solicitudes que se le
hicieran al Presidente.
Ramón J. Velásquez asistió al final de la tarde al Fuerte Tiuna
donde en compañía de los Ministros de Defensa y Sanidad, procedió a condecorar
con la Orden “Rafael Urdaneta” a un grupo de altos oficiales de las Fuerzas
Armadas. Los periodistas que cubrían el evento le preguntaron por las
responsabilidades del hecho, y dijo que el caso estaba en manos de la PTJ,
Al regresar a Miraflores, el Presidente ordenó al Ministro
proceder a sustituir a la señora María Auxiliadora Jara de Tarazona de su
cargo. Se designaría provisionalmente a Alfaro López. Este se reúne con
Tarazona, y acuerdan que al día siguiente procederían a la entrega formal.
Pocos minutos después, un asistente de Ramón J. Velásquez informa que la señora
Tarazona está procediendo a destruir documentos en su oficina y a enviar
diversos paquetes al vehículo asignado.
El jefe de seguridad de la Casa Militar comentaría, mientras la
PTJ procedía a revisar el vehículo, que poco tiempo antes una pariente de la
señora María Auxiliadora Jara de Tarazona lo había llamado para pedirle ayuda
para movilizarla hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Comenzó así una de las más graves crisis del gobierno. El
sensacionalismo noticioso de un caso de narcotráfico llenó páginas enteras. Los
cables internacionales se dieron banquete. La agencia EFE distribuyó a todo el
mundo un despacho fechado el día 28: “Largo brazo del narcotráfico llega a
palacio de gobierno”. AFP anotaba que “El Narcotráfico penetró palacio
presidencial venezolano”. La UPI titulaba con “Narcotráfico penetra altas
esferas del poder en Venezuela”.
En un primer momento, la juez decidió dictar autos detención a
diez personas, tres de ellas funcionarios de la Presidencia. Igualmente dejó
abiertas las averiguaciones en el caso de ocho personas: cuatro de ellas
funcionarios civiles de la Presidencia, un Edecán del Presidente y el propio
hijo de Ramón J. Velásquez.
El caso fue cerrado para prácticamente todos los inicialmente
señalados. La señora María Auxiliadora Jara de Tarazona permanecía detenida
bajo proceso judicial, así como otras dos personas. El juicio continua y en
algún momento del futuro se podrá conocer exactamente cómo se armó un proceso
que permitió la salida en libertad a un traficante de narcóticos que aún
permanecía libre.
Por su parte, Ramón J. Velásquez evidenció su total franqueza ante
la opinión pública. Desde el primer momento explicó lo ocurrido en lo que a él
correspondía; no ocultó el error, abrió Miraflores para que la policía, una
comisión parlamentaria y los tribunales investigaran todo lo necesario, no se
escudó en su figura presidencial para obviar explicaciones al tribunal, y
esencialmente, decidió que en primer lugar estaba la credibilidad de la
Presidencia antes que posibles amistades o solidaridades.
Aquella Secretaria Privada pasaría a los anales como símbolo de
una crisis política, que pudo dar al traste con el gobierno de Ramón J.
Velásquez a sólo un mes de las elecciones. El caso pasó a la voz callejera
claramente dibujado por la expresión de Ramón Escobar Salóm de apoyo al
Presidente y acusando a “una mano peluda” como causante del caso.
Ezequiel Alfaro, Jefe de la Oficina del Consejo de Ministros,
antes de presentarse en la sede central de la PTJ, tras la decisión de la juez
de dictarle auto de detención, fue a Miraflores y se reunió con Ramón J.
Velásquez. En presencia del Ministro y del Viceministro de la Secretaría,
Velásquez pidió disculpas a Alfaro.
“Le pido disculpas porque
a causa del engaño de que fui objeto por una persona que merecía toda mi
confianza, muchas personas están viendo mancharse su reputación”.
Al año siguiente del estallido del escándalo que estremeció a
Miraflores por el “Narcoindulto”, Larry Tovar Acuña, en 1994 fue nuevamente
detenido, ahora en una barriada de Bogotá, Colombia, a petición de la
cancillería venezolana, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno
italiano. Fue extraditado a Venezuela.
Otra vez preso, comenzó a cumplir condena hasta 1998 cuando sale
en libertad por su buen comportamiento.
En 2002 fue nuevamente capturado en Caracas, por presuntamente
traficar con 789 kilogramos de droga. El castigo judicial le daba 15 años más
de cárcel.
Cuatro años después, en mayo de 2006, se reencontraría con la
libertad, esta vez condicional, medida que sería revocada por el juez tan solo
24 horas después.
Comenzaba otra vez la búsqueda de quien parece tener más vidas que
un gato, menos libertad de la que quisiera o, en el peor de los casos, estar
condenado por el resto de sus días a una suerte de exilio carcelario, captura y
recaptura, a la cárcel.
En enero de 2007 es detenido en Maracay y enviado a la PGV, en el
estado Guárico; luego a Tocuyito. En 2009 fue trasladado a la cárcel de Vista
Hermosa, en Ciudad Bolívar. Pocos meses después, en abril de ese año, se le
otorgaba la libertad, esta vez plena, la de verdad de verdad, pero tan frágil
como su destino.
El viernes 7 de enero de 2011, Tovar Acuña fue nuevamente detenido
en Maracay, estado Aragua, y enviado esta vez al Centro Penitenciario de Yare
III en los valles del Tuy. ¿Los cargos?
Resistencia a la autoridad y porte ilícito de armas.
Tras las rejas, en la que dice que no “aprendió nada”, se licenció
en Derecho por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos el 13 de
diciembre de 2010.
A pesar de sus eternas críticas al sistema judicial y carcelario
venezolano en el que considera “nunca ha existido el estado de derecho, ni en
la cuarta república ni ahora en la quinta”, estudió gracias a un convenio
penitenciario que permite a los reos formarse en la teoría jurídica de la cruda
realidad que ellos mismos respiran desde los barrotes de la cárcel.
Una vez en libertad, cuando se alistaba para comenzar a litigar
como “letrado”, como se les dice a los abogados, nuevamente fue detenido.
La carrera de obstáculos de Larry, a quien la enciclopedia
electrónica Wikipedia define como “un ingeniero y narcotraficante venezolano,
representante del cartel de Medellín”, parece no tener final.
Desde su actual pasantía por Yare III, que lo tienta frente al
devenir, el célebre indultado de 1993 se pone a prueba una vez más.
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