El término Justicia social surge a mediados del siglo XIX, y se refiere a las situaciones de desigualdad social acontecidas en el mundo, que concibe la búsqueda de equilibrio entre desiguales. La justicia social se refiere al disfrute de los derechos humanos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Así la justicia social pretende compensar las desigualdades que se producen en la sociedad. En este sentido, la justicia social se orienta hacia la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad más igualitaria en términos políticos económicos, culturales y sociales.
El 20 de febrero marca el Día Mundial de la Justicia Social. Este día, proclamado por la Asamblea General el 26 de noviembre de 2007 (A/RES/62/10), tiene como objetivo promover la aplicación de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995 y la 24a Sesión Especial de la Asamblea General, mediante el apoyo a los esfuerzos internacionales para aumentar la erradicación de la pobreza, el pleno empleo y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y justicia para todos.
También se basa en la idea de que existe una fuerte relación entre el desarrollo social y la justicia social, por un lado, y la paz y la seguridad por el otro. Ambos no pueden existir el uno sin el otro.
Ahora bien, adentrándonos en el plano del derecho laboral, la justicia social comprende el conjunto de normas y principios tendientes a proteger y garantizar las condiciones tanto de trabajo como de vida para toda la población. Asimismo, implica la concepción de un Estado activo dirigido a remover los obstáculos que le impiden a un sector de la población, el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.
Los temas que interesan a la justicia social son entre otros: la igualdad social, igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la solución a la pobreza, la distribución de la riqueza, los derechos de los trabajadores, entre otros.
En este sentido, cabe señalar que Venezuela como país democrático declara en su carta magna (1999) ser un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, sustentado en valores como son: educación, salud, equidad, igualdad, trabajo decente, acceso a la protección social, respeto de la diversidad, y aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida social.
A fin de lograr la mejoría social de la población venezolana, es necesario convertir este educar en el valor de la justicia social a las futuras generaciones, de manera que ésta no quede como un enunciado constitucional, sino que se materialice a corto plazo.
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