12/01/2017
Caracas.- "Todas las acciones, sesiones y decisiones
de Asamblea Nacional (AN), con mayoría de derecha, carecen de validez
por mantener su condición de desacato y, por lo tanto, la reciente
designación de su nueva junta directiva, este 5 de enero, es ilegal. Así
lo explicó la diputada Cilia Flores, durante su programa "Decisiones".
Flores
explicó que la actual AN "no ha querido solucionar la situación en la
que cayó hace un año, cuando juramentó e incorporó a tres diputados
suspendidos del estado Amazonas (Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel
Guzamana)".
Además, aseguró que la presidencia del parlamento
debería continuar bajo la responsabilidad de Henry Ramos Allup y los
demás miembros de la junta directiva que cometió el presunto desacato a
la orden emitida por el Poder Judicial, que suspendió provisionalmente
la investidura de Ygarza, Guarulla y Guzamana como diputados, por tener
un proceso de impugnación tras los comicios parlamentarios del 6 de
diciembre de 2015.
"La directiva antigua debe asumir la dirección
(del parlamento) para que única y exclusivamente acate la decisión del
TSJ y posterior a ese acatamiento proceda a la designación de una nueva
directiva. Sólo después de eso es que comienza el nuevo período de la AN
del 2017", precisó.
La diputada y abogada leyó la más reciente
decisión del TSJ, sentencia emanada este miércoles, en la cual se ordena
a la AN anular las sesiones realizadas este año, el 5 y el 9 de enero.
En esta última, la AN, también al margen de la Constitución, declaró
como punto único el supuesto abandono del cargo por parte del presidente
de la República, Nicolás Maduro.
Flores resaltó que la sentencia
de la Sala Constitucional del TSJ ordena al presidente Maduro presentar
la memoria y cuenta ante el Máximo Tribunal del país, pues sería
inconstitucional que lo hiciera ante el parlamento, dada la persistencia
de esta directiva en incurrir en desacato y por ende estar
imposibilitada de realizar actos válidos y constitucionales.
"A
través de estas acertadas deciones, el TSJ ha hecho valer la Carta
Magna, la autoridad de los poderes con todas las funciones establecidas
en la misma Constitución y ha garantizado la paz de la República.
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