LOS 58 AÑOS DE LA
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA EN VENEZUELA
El 18 de diciembre de
1958, se decretó formalmente en Venezuela la autonomía universitaria. Posteriormente,
en 1991, la Federación de Profesores Universitarios (FAPUV) y el Consejo
Nacional de Universidades (CNU), decretaron formalmente la celebración de este
día a nivel nacional.
La ley fue enmendada el
dos de septiembre de 1970, y promulgada por el Presidente Rafael Caldera el
ocho de septiembre del mismo año.
La
aprobación de la Ley de Universidades significó el establecimiento de la
autonomía académica, administrativa y electoral, además de beneficios para los
estudiantes, profesores y personal obrero, quienes vivieron años de persecución
y censura durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez.
Asimismo,
con esta ley las autoridades universitarias obtuvieron la potestad de
administrar de manera independiente los recursos asignados por el Estado de acuerdo
a las necesidades de cada recinto educativo y su personal.
Con
la llegada de la Revolución, las políticas implementadas permitieron la reivindicación salarial, así
como las mejoras a las casas de estudios e incremento sustancial de la
matrícula para mayores oportunidades de estudios superiores a la población
estudiantil venezolana.
La autonomía universitaria es una de
esas instituciones que, no obstante ser por definición esenciales, despiertan,
sin embargo, agudas controversias. Desde su aparición, con el nacimiento mismo,
en la Edad Media, de la universidad como centro fundamental de la educación y
la cultura, ha sido un tema permanente de debate. Quizás eso se deba a que, sin
ser propiamente un ente político, la universidad, y con ella la idea de su
autonomía, siempre han estado vinculadas a la política.
Y es sintomático el hecho de que
grupos e individualidades, ajenos u opuestos a los gobiernos de turno,
vehementes defensores de la autonomía universitaria, una vez que acceden al
poder se tornan sus enemigos abiertos o velados, muchas veces con encono igual
o superior a la vehemencia con que antes la defendieron. Que la autonomía es
consustancial con el concepto de universidad se evidencia por el hecho de que ella nace con la universidad.
Hasta su reforma parcial, en 1970, nuestra
Ley de Universidades consagró de la manera más amplia la autonomía. En ese
sentido fue única en el mundo y en la historia de la autonomía universitaria,
porque aun en los sistemas autonómicos más avanzados siempre ha habido algún
resquicio legal que permite a los gobiernos intervenir en la dirección y
funciones de las universidades.
El único expediente del Gobierno
venezolano para inmiscuirse en la vida de las universidades fue el allanamiento
de la autonomía y la intervención de facto, de evidente carácter ilegal. Que
fue precisamente lo que ocurrió en 1970, cuando era presidente Rafael Caldera, y había ocurrido también en 1960, en el
mandato de Rómulo Betancourt, es decir, durante los gobiernos del bipartidismo
adeco-copeyano.
Finalmente, el largo proceso cumplido
en nuestro país por la autonomía universitaria tuvo su feliz culminación en
1999, cuando, en la Constitución dictada ese año se consagró, en los términos
más amplios imaginables, el régimen autonómico, tal como se define en el art.
109: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y
jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y
egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de
la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio
espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus
normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su
patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley.
Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y
actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece
la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades experimentales
alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”.
Es crucial para el destino de las
universidades venezolanas, lo mismo que para el cabal desempeño ante ellas de
los organismos del Estado y del Gobierno, definir la relación que deba existir
entre la autonomía universitaria y el sistema socialista que supuestamente se
está tratando de construir hoy en Venezuela.
La confusión ideológica que el proceso
político durante los últimos años ha producido en nuestro país, ha generado un
inmenso desprestigio de la doctrina y del sistema socialistas, a los cuales se
tiende a definir como esencialmente antidemocráticos. Nada, sin embargo, más
falaz.
Ello implica una equivocada
identificación del socialismo con el totalitarismo, confusión alimentada por la
experiencia de los regímenes del llamado socialismo real que imperó en
numerosos países durante un buen trecho del siglo XX.
Ningún sistema político-social
requiere de la autonomía universitaria como el verdadero socialismo, puesto que
el conocimiento científico y tecnológico tiene que ser, necesariamente, uno de
sus instrumentos fundamentales en el propósito de fundar una nueva sociedad,
libre de penurias y de injusticias. Y el fomento de las ciencias y de la
técnica es función primordial de la universidad autónoma y democrática. Sólo
las dictaduras primitivas y el autoritarismo totalitario pueden ser
refractarios a la autonomía universitaria.
¿Que esto es una utopía? Puede ser.
Después de todo, la utopía ha sido el verdadero motor de la
historia. Y es definitorio del espíritu humano no conformarse nunca con lo que
se tenga, por bueno que sea, sino aspirar siempre a algo mejor.
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