En el primer gobierno de Rafael Caldera
“EL ROBO DEL SIGLO XX” EN
VENEZUELA
FUE EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
El 28 noviembre de 1970, se
produjo un cuantioso robo en el Palacio Blanco, frente a la residencia oficial
del presidente de la república, en Miraflores, lo que provocó el consiguiente
escándalo que la prensa nacional e internacional se ocupó de magnificar
llamándolo “El Robo del Siglo”.
El Poder Ejecutivo venezolano
tiene su sede en un conjunto arquitectónico compuesto por tres edificaciones:
El Palacio de Miraflores, el Palacio Blanco y el cuartel de la Guardia de
Honor. El primero de ellos comenzó a erigirse en 1884 por órdenes del
presidente Joaquín Crespo quien realmente lo concibió como residencia privada
para él y su familia.
A la muerte de Crespo, su viuda
“Misia” Jacinta Parejo vivía asediada por las deudas y cuando ocurrió el
terremoto de octubre de 1900, le alquiló el palacio al general Cipriano Castro
quien se convirtió en el primer presidente en habitarlo, siendo la Asamblea
Nacional Constituyente de 1901 la encargada de aprobar su compra para
convertirlo en mansión presidencial.
Con el ascenso al poder del
general Marcos Pérez Jiménez a mediados del siglo XX y su política del Nuevo
Ideal Nacional se
decidió la construcción de dos edificaciones: una destinada a la Secretaría de
la Presidencia y otra para albergar a la Guardia de Honor, ambos edificios se
construyeron en el solar ubicado frente al viejo palacio de Miraflores bajo la
dirección del prestigioso arquitecto Luis Malaussena quien los culminó en 1956.
Catorce años después el
edificio de la Secretaría de la Presidencia, mejor conocido como el Palacio
Blanco sería el sitio donde se llevó a cabo lo que la prensa llamó “El Robo del
Siglo”.
Lo que había ocurrido aquel fin
de semana no podía sino ser calificado de sorprendente. Al parecer un grupo de
personas había logrado introducirse al fuertemente custodiado Palacio Blanco y
con la ayuda de una soga descendieron desde el segundo piso hasta la ventana de
la oficina 112 en el primero, donde se ubicaba la caja fuerte en la que los
encargados de la sección de administración guardaban el dinero para el pago de
la nómina.
Una vez allí procedieron a
violentar la caja con ayuda de sopletes, mandarrias, seguetas y un taladro
eléctrico. Al picar las láminas de acero sacaron los sobres que contenían la
paga de los empleados y de manera meticulosa los fueron vaciando uno a uno. Al
terminar abandonaron las herramientas y salieron del sitio tan misteriosamente
como habían llegado.
Todo esto sucedió a menos de
100 metros del despacho de la Presidencia de la República y a 50 metros del
edificio sede del Batallón de la Guardia de Honor, como dato curioso el único
dinero que no se llevaron los ladrones fue el que correspondía a la paga del
Presidente. El monto robado ascendía a 650.000
bolívares, cantidad considerable si tomamos en cuenta que para 1970 la media de
ingresos mensuales para un empleado era de 141 Bs. La
prensa no tardó en calificar el hecho como el Robo del Siglo, debido al sitio y
el contexto político en el que fue llevado a cabo.
El periodista Freddy Muzzioti,
Jefe de Prensa de Miraflores, leyó un comunicado oficial en el que se anunciaba
el inicio de una investigación para identificar a los autores del robo así como
una auditoria para establecer el monto total de lo sustraído. A cargo de la
investigación quedaban los comisarios Fermín Mármol León, Jefe de la División
de Investigación de la antigua Policía Técnica Judicial ( PTJ), y Armando
Velásquez, Jefe de la División de Delitos contra la Propiedad quienes de
inmediato pusieron manos a la obra y se impidió el acceso a la prensa con la
excusa de que era necesario impedir que proliferaran versiones infundadas en
torno al caso.
Según las primeras
declaraciones del comisario Mármol León se trataba de un hurto con fractura,
los ladrones de alguna manera habían logrado colarse al edificio y con ayuda de
diversas equipos violentaron la caja, se estimaba que debían ser por lo menos
cuatro sujetos con conocimientos de herrería y cerrajería, igualmente
calculaban que el trabajo debió haberles tomado cuatro horas y media.
Ante la pregunta de cómo
aquella gente había logrado estar allí por tanto tiempo y haciendo tanto ruido
sin que nadie de la seguridad se percatara, el comisario aventuró la hipótesis
de que aprovechando que en las cercanías se estaban realizando trabajos de
reparación de aceras, los ladrones sincronizaban el ruido de sus herramientas
con el de los obreros que estaban en la avenida. Nadie quedó muy convencido con
esto.
Ese mismo día se dio a conocer
que el presidente Rafael Caldera estaba hondamente preocupado y que ordenó una
minuciosa investigación con un castigo implacable a los responsables del hecho.
El 2 de diciembre fuentes de la
Policía Técnica Judicial revelaron que la hipótesis que cobraba mayor fuerza
era la de que el robo pudiera tener una motivación política, esto se basaba en
varias cosas: Por un lado el gobierno de Caldera que tenía poco tiempo de estar
en funciones había tomado como principal bandera la lucha contra la inseguridad
para lo cual había implementado un Plan al que llamaron Operación
Vanguardia, este dispositivo había sido duramente criticado por
los sectores de oposición y los organismos de defensa de los derechos humanos
pues desde que se inició muchos presuntos delincuentes habían sido asesinados,
algunos llegaron a decir que se trataba de la implementación de la pena de
muerte por vía de facto.
Otros sectores felicitaban al
gobierno por el éxito del plan, ante esto y según la hipótesis, altos
dirigentes de un importante partido opositor ( AD) aprovechando que mucho de
sus militantes continuaban trabajando en Miraflores pues no podían ser
despedidos al estar protegida su estabilidad por la Ley de Carrera
Administrativa le ordenaron a estos efectuar el robo como una manera de
impactar negativamente en la opinión pública.
Al mismo tiempo de formularse
esa hipótesis varios funcionarios de alto rango, entre ellos el ministro de
Justicia, el director de la Oficina Central de Información y el director de la
PTJ aseguraban de manera optimista que el caso estaba casi resuelto y en sólo
cuestión de horas los maleantes serían capturados, pero tendrían que pasar varios meses para que se supiera que había
pasado.
No fue sino hasta febrero de
1971 cuando la opinión pública pudo conocer el desenlace. En realidad fueron 4
personas que terminaron sindicadas del hecho, tres eran guardias civiles del
palacio y el cuarto un extraño, que fue el encargado de llevar las herramientas
para efectuar el trabajo de simulación. Dos de los detenidos respondían a los
nombres de Teófilo Torres y Miguel Ángel Ramos. Una huella dactilar conseguida
en la caja fuerte violentada llevó a la detención de estos funcionarios que
resultaron incriminados al conseguírseles parte del dinero, además de tener en
algunas de sus pertenencias rastros de metal y pintura provenientes de la caja de
seguridad
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