Símbolo de la violación de
los Derechos Humanos
LA MASACRE DE EL AMPARO
OTRO CRIMEN
DE LOS GOBIERNOS
DEL PUNTOFIJISMO
Hoy se cumplen 28 años de
uno de los sucesos más lamentables, que evidencia la más brutal represión y
violación de los Derechos Humanos que caracterizó a los gobiernos de la Cuarta
República.
El día sábado 29 de octubre de 1988, hace exactamente 28 años, en
el caño Las Coloradas, lugar aledaño a la población de El Amparo, un pequeño
pueblo de 8 mil habitantes, ubicado en el municipio Páez del estado Apure,
frontera con Colombia, se produjo una masacre en la que murieron 14 pescadores del Arauca venezolano quienes fueron
asesinados a sangre fría, mientras dos lograron escapar.
La operación fue ejecutada por miembros del Comando
Específico José Antonio Páez, (CEJAP),
integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de
seguridad del Estado que vigilaban la región, en una maniobra denominada “Anguila III”, que consistía en la
lucha contra grupos subversivos colombianos.
Esta matanza fue coordinada
por los jefes del Cejap, el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique
Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip, Henry López
Sisco como parte de una operación criminal
justificada en la falacia de un aparente éxito del gobierno de Jaime Lusinchi
en la lucha anti guerrilla, que se suma a los crímenes cometidos por el
puntofijismo en Venezuela.
El domingo 30 de octubre
los periódicos destacaban en sus tapas la “versión oficial” de que 16
guerrilleros de la organización colombiana Ejército de Liberación Nacional
(ELN) fueron abatidos en la frontera con Colombia, en la zona de El Amparo,
específicamente en el caño Las Coloradas.
La noticia también fue
reiteradamente difundida a la opinión pública mediante avances informativos
radiofónicos y los “extras” de la televisión comercial. Las agencias de prensa
internacionales transmitieron el informe preliminar que ofreció el general
Humberto Camejo Arias, comandante de la segunda división de infantería, desde
la zona del suceso.
Detallaban las
informaciones que la Operación Anguila III incautó a los presuntos irregulares
material bélico, planos de una empresa petrolera en la zona y una lista con
cinco nombres de personas que supuestamente iban a ser secuestradas por el
grupo irregular.
Pero la verdad fue otra.
A las 9 de la mañana de ese día, los pescadores
zarparon camino al río Arauca en la
lancha llamada “Cabra Pichona”. Al llegar a la orilla del caño, su travesía se
tornó en tragedia y cerca de las 11 de la mañana, justo al apagar el motor de
la embarcación, una ráfaga de balas los recibió.
El Comando Específico justificó su acción calificando al
grupo de pescadores como guerrilleros que probablemente preparaban una acción.
Sin embargo, las ropas que vestían, la ausencia de armas
y el testimonio de dos sobrevivientes, hicieron que la opinión pública se sintiera
burlada tanto por los jefes de la operación como por el propio presidente de la
República de entonces, el adeco Jaime
Lusinchi, quien avaló públicamente esta versión de los hechos.
A pesar de que las
víctimas usaban la ropa común de las faenas de pesca, y eran vecinos conocidos
por la comunidad, los jerarcas militares de entonces los presentaron ante los
medios de comunicación como miembros de un grupo guerrillero colombiano con
intenciones de sabotear un oleoducto de petróleo y secuestrar a los ganaderos
de la zona.
Dos
pescadores lograron escapar de la emboscada criminal, y el pueblo, indignado
por los señalamientos, los defendió valientemente de una patrulla militar con
órdenes de arrestarlos.
Gracias
al testimonio de los sobrevivientes Wollmer Pinilla y José Augusto Arias, se
refutó la versión oficial que aseguraba que se había producido un
enfrentamiento con fuerzas irregulares. Con lujo de detalles relataron,
confirmado por la posterior exhumación de los cadáveres, que aquello había sido
una carnicería contra civiles desarmados, quienes se encontraban en la zona con
la intención de pescar “Coporos” para cocinar una sopa de ese pescado.
El suceso produjo un escándalo de gran resonancia y un largo
proceso judicial. Tras acusar a los sobrevivientes
de subversivos, el juez militar Ricardo Pérez dictó autos de detención contra
ellos. Se les acusaba de rebelión y el juez Pérez sentenció que los efectivos
militares actuaban en legítima defensa.
Ante los ataques, Wollmer
Pinilla y José Augusto Arias solicitaron
asilo ante la embajada de México en Venezuela y posteriormente viajaron a ese
país.
Pero
en enero de 1989, las víctimas regresaron de Ciudad de México para ponerse a la
orden de las autoridades, por cuanto sobre ellos pesaba un auto de detención.
Ambos fueron encarcelados en la prisión de Santa Ana, estado Táchira.
El
29 de octubre de 1988, la comisión especial para investigar la masacre,
designada por el extinto Congreso, presentó el informe de la exhumación de los
14 pescadores y determinó que “recibieron los disparos por la espalda y la
parte posterior de la cabeza. La conclusión: no fue un enfrentamiento sino una
ejecución”. De esta forma se desmintió la versión de los funcionarios miembros
del Cejap.
Dos
días después de la presentación del informe, el 16 de enero de 1989, el Consejo
de Guerra revocó los autos de detención. Pinilla y Arias fueron puestos en libertad.
En
abril de ese mismo año, la Corte Marcial ordenó la libertad de
los funcionarios que actuaron en la masacre de El Amparo.
La
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1993, recomendó al Estado
sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito e indemnizar a
los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
El
Estado se negó y en enero de 1994, la Comisión elevó la demanda ante la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la que finalmente
sentenció a favor de los familiares de
los fallecidos y obligó al gobierno
nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños
materiales sufridos. En 1996, impuso la reparación de los daños por 722.332 dólares. Durante la gestión del gobierno del
Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por
un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue
finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente
Chávez.
A
pesar de la solicitud de la CIDH, en julio de 1998, un tribunal militar,
absolvió a las personas, entre civiles y militares, del delito de
homicidio intencional, procesadas por el caso de El Amparo.
Aunque
los testimonios de los sobrevivientes, más la presentación del informe del
Congreso demostraban que los pescadores fueron ejecutados, la sentencia
determinó que “por cuanto en los hechos que originaron el proceso penal
militar, actuaron en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo y en defensa
de sus personas, se les exime de la pena”.
Entre
los que perdieron la vida en esa fatídica fecha están: José Indalecio Guerrero;
Rigo José Araujo; Julio Pastor Ceballos; Carlos Antonio Eregua; Arin Obadías
Maldonado; Moisés Antonio Blanco; Luis Alfredo Berríos; Emeterio Marino Vivas;
Rafael Magín Moreno; Pedro Indalecio Mosqueda; José Mariano Torrealba; José
Ramón Puerta García; José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
En
un aniversario más de esta masacre, los venezolanos rendimos homenaje a
nuestros hermanos tan vilmente masacrados, llamando a nuestro pueblo a nunca
olvidar estos abominables crímenes de Estado, política de una nefasta IV
República, y reiteramos nuestro compromiso para no permitir que nunca más se
manche de sangre nuestra historia.
Todo quedó para que la historia lo juzgara y hoy la
Comisión por la Justicia y la Verdad tiene el caso pendiente y en revisión.
Entre otras medidas dictadas por el Ministerio Público actualmente hay una
orden de extradición de Henry López Sisco acusado de perpetrar las masacres de
Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988) y el Caracazo (1989).
Aquellos crímenes siguen generando
protestas en toda Venezuela y se
convirtieron en símbolo de la violación
de derechos humanos en la IV República.
Documental: Masacre de El Amparo
https://www.youtube.com/watch?v=kBMrPbxJuxQ
