La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad
Pública de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibió un estudio
de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, que determinó que cerca
del 50% de las víctimas de la violencia registrada entre abril y julio
de 2017, era ajena a las acciones contra el Estado venezolano.
“Casi el 50% de las víctimas fatales no participaban de este tipo de
alteraciones del orden público, donde desgraciadamente se comprometió
su vida por el simple hecho de estar pasando en el paso de la
guarimba, donde se había impedido la libre circulación”, indicó este
lunes la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, desde la Casa
Amarilla, en Caracas.
Allí, agregó las acciones de corte sedicioso, que incluían
confrontaciones contra los órganos de seguridad, se desarrollaron en
el 13% del territorio nacional.
“En la mayoría de los municipios donde se cometieron este tipo de
delitos, donde se cometieron graves alteraciones del orden público,
sus mandatarios, eran y son en algunos casos, militantes de partidos
de la derecha venezolana“, explicó Rodríguez.
El informe de la organización también refiere que la espiral de
violencia pretendía el derrocamiento del gobierno constitucional,
encabezado por Nicolás Maduro.
Omisión para la impunidad
Entre los resultados del trabajo presentado por la Red de Apoyo por la
Justicia y por la Paz destaca la ausencia de las investigaciones por
parte del Ministerio Público (MP) entre abril y julio, periodo en que
la instancia del Poder Ciudadano estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz.
Se trata de una inactividad “que promovió la impunidad, que se
cometieran hechos de esta naturaleza”, precisó la presidenta del
Órgano Plenipotenciario.
En el informe también se reseña la responsabilidad de agentes del
Estado que de “forma aislada y atendiendo motivaciones personales,
pudiesen haber incurrido en alguna violación de Derechos Humanos”. Los
responsables de esos delitos fueron puestos a la orden de la justicia,
para ser debidamente procesados.
Ante los resultados del documento y de las investigaciones hechas por
la comisión, los miembros de la instancia están “comprometidos con la
reconstrucción de los hechos, para determinar la verdad, el origen y
la finalidad de estos hechos violentos”.
Con información de AVN
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